Corrupción y Políticas de Transparencia

Cuando Transparencia Internacional dio a conocer hace un par de semanas su Índice anual de Percepción de la Corrupción, se desató una polémica cuando México apareció calificado con 3.1 en una escala máxima de 10, que lo ubican en el lugar 98 de 178 países evaluados, por debajo de naciones como Colombia o Brasil e incluso Guatemala y el Salvador. Chile y Uruguay por el contrario, son los únicos países latinoamericanos con calificación aprobatoria.

La sentencia del organismo internacional es clara: “para abatir la crisis global, es urgente una actitud de tolerancia creo frente a la corrupción, (…) y las herramientas para hacerlo son la transparencia y la rendición de cuentas”

Con este dato dos cosas se hicieron evidentes.

Primero, que México en diez años dentro del Índice, nunca ha obtenido una calificación mayor a 4, lo cual nos revela un fracaso de las campañas enfocadas en revertir esa situación. Segundo y más grave, volvimos a generar expectativas demasiado altas respecto de los resultados que arrojarían acciones como la modificación al artículo 6 constitucional o la creación de leyes e instituciones de corte federal y estatal, enfocadas en promover el derecho de acceso a la información y en generar políticas públicas de transparencia. Un nuevo frentazo, esperando que las instituciones abatieran por sí solas los problemas del país.

Pero la construcción de falsas expectativas corre en ambos sentidos, la ciudadanía no se volcó a exigir su derecho a la información y quién sí lo hace, obedece a un sector muy específico de la población. De enero a junio de 2010 se registraron poco más de 70 mil solicitudes de información vía Infomex, de las cuales el 97% fueron generadas por Internet, es decir, el derecho a la información predomina en zonas urbanas y la aplicación de este bien es escasa en zonas rurales y marginadas.

De aquellas solicitudes que no reciben respuesta, sólo el 30% de los usuarios interpone un recurso de revisión.

De inmediato hubo un pronunciamiento por parte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), pues la corrupción tiene efectos directos en la economía. Un estudio realizado a mediados de año en la Administración Pública, revela que los empresarios grandes, medianos y pequeños, gastan 85 mil millones de dólares al año en “mordidas”, es decir, entre el 7 y 9% del PIB nacional.

Lo anterior supone varias cosas:

A 8 de cada 10 empresarios le han solicitado “dinero extra” para su trámite.

2 de cada 10 aceptan abiertamente haber dado mordida.

Entre el 6 y 10% de sus ingresos son destinados a las “mordidas”.

Las principales “mordidas” son para modificar leyes o regulaciones urbanas, sobornar jueces, ganar concursos y adjudicaciones o evitar ser multado o molestado por la policía.

A nivel de la ciudadanía sólo 3 de cada 10 creen que el gobierno ha emprendido acciones contundentes contra la corrupción.

Entre 2005 y 2007 cada “mordida” costó en promedio entre 138 y 177 pesos por hogar mexicano.

Ante tal escenario, debemos hacer hincapié en las aseveraciones que expertos como Mauricio Merino o John Ackerman han realizado al respecto.

El que la ciudadanía tenga acceso a un nuevo derecho no quiere decir que se modifiquen en automático las viejas rutinas burocráticas, un error común es no diferenciar entre un derecho fundamental y la implementación de políticas para hacerlo valer.

Segundo error común es creer que el derecho a la información se debe expresar en las mismas políticas de transparencia para todo el país. Este derecho se debe aplicar a través de políticas tan complejas y variadas como el contexto lo refleje. Lo anterior se observa en las leyes e institutos estatales que se rigen de diversas maneras.

Otro error fundamental de las leyes de transparencia estatales, es que sólo 10 estados fijan una sanción a los sujetos obligados, lo cual hace estéril el uso de herramientas de revisión. Además de que no regulan el manejo que debe tener la información, por lo que cada institución genera sus propios criterios sobre lo que deber entregar.

Un punto fundamental tiene que ver con la ética de la responsabilidad, el cuál Merino denomina como el conjunto de valores de referencia que cada policy maker asume sobre una política pública. Es decir, si un servidor público no asume como propios los valores que rodean una política, en este caso una política de transparencia, la labor que desempeña se convertirá en rutinaria y a la larga será capturado por un juego de intereses.

Aunque una política nunca es definitiva, Merino define 4 valores fundamentales que deberían ser el núcleo que rodea una política de transparencia exitosa:

1) Principio Kantiano de publicidad. Todo aquello que no puede decirse en público es injusto por naturaleza, su ocultamiento solo puede aceptarse bajo un principio superior.

2) Reconocimiento del espacio público (Rabotnikof). El espacio público no le pertenece a nadie, no debe ocultarse al escrutinio de nadie y no debe excluir a nadie con intereses propio. Desvíos de recursos, simulación de procesos o manejo discrecional de la información son formar de violar el espacio público.

3) Principio de mayor eficiencia social. La información pública reduce la incertidumbre, construye confianza pública, genera estabilidad y un uso más eficaz de los instrumentos disponibles.

4) Ética de la responsabilidad. Hacer énfasis en la necesidad de compartir información como un acto que tiene consecuencias políticas y sociales en la vida pública.

Un ejemplo exitoso de la aplicación de una política de transparencia lo podemos observar en los Pactos de Integridad que implementa Transparencia Mexicana. Este Pacto se basa en un contrato que se realiza de manera voluntaria entre dicha organización y sectores la iniciativa privada o gobierno, la finalidad es crear acompañamiento paralelo sobre diversos procedimientos como licitaciones, concursos, asignaciones presupuestales, que son evaluados por diversos “testigos sociales” que gozan de credibilidad pública. Al final los testigos emiten una calificación al proceso que observaron y recomendaciones u observaciones en caso de incumplimiento.

Otra política exitosa que debería revisarse más a fondo en el caso mexicano para fortalecer la participación activa de la ciudadanía, son los presupuestos participativos como los que se aplican sobre partidas concretas en Sao Paulo, Brasil.

Organizaciones como Fundar o Artículo 19 a nivel nacional, así como Sonora Ciudadana o Ciudadananet en Quintana Roo, son ejemplo de organizaciones que han generado estudios y seguimiento exitoso.

Fuentes

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 a 2007

Índice Anual de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Informe Latinobarómetro 2009

Informe de Pactos de Pactos de Integridad www.transparenciamexicana.org

Informe sobre corrupción en la Administración Pública del centro de estudios en Economía del Sector Privado www.cee.org.mx/ceesp

Ensayo “Muchas políticas y un solo derecho” Mauricio Merino. Disponible en la red.

Capítulo 8. “La transparencia como política pública”, Mauricio Merino en: “Más allá del acceso a la información”, coordinado por John Ackerman.