Buena idea. Mala idea.

Esta semana fue aprobada por los diputados de la Asamblea legislativa del Distrito Federal una serie de reformas a la Ley de Residuos Sólidos mediante la cual queda prohibido regalar bolsas de plástico en supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio y cualquier otra empresa que acostumbre utilizarlas para el transporte de mercancías.

Este dictamen urge a las Secretarías de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Económico para que en un periodo no mayor a seis meses implementen un plan para la sustitución del plástico.

En colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología capitalino obliga a crear un programa de apoyos para que las empresas que se dedican al ramo del plástico, puedan cambiar sus tecnologías y cumplir con los estándares requeridos.

Las sanciones para las empresas serán de hasta doce mil salarios mínimos y comenzarán a aplicarse en aproximadamente un año.

En promedio cada persona produce 150 bolsas que tardan en degradarse alrededor de 100 años.

El hecho de que los asambleístas aprueben una medida de ésta magnitud sin haber impulsado antes una campaña de cocientización entre la población y especialmente de medidas contingentes para las empresas que resultarán directamente afectadas, es sin duda, un problema que tendrá repercusiones económicas. Para las grandes empresas de autoservicio y departamentales será como quitarle un pelo al gato pero para las empresas caseras que se dedican a la producción y distribución de este material habrá fuertes repercusiones.

No obstante que se generarán programas de apoyo que a la fecha se desconocen, habría que preguntarles a los asambleístas si conocen el número de empresas que serán afectadas por ésta medida. Habría que preguntarles si conocen el periodo de tiempo en el que una empresa casera tardaría en obtener un certificado de biodegradación. Quienes se dedican a dedican a distribuir, asesorar y certificar dicen que el proceso tarda entre 24 y 36 meses.

Habría que preguntarles si los programas de apoyo incluyen recursos suficientes para que las empresas no sólo sean certificadas, sino para que puedan adquirir su propia tecnología para aditivar el biodegradante.

Menuda labor en una ciudad de tanto millones de habitantes será la de generar un programa que funcione de manera efectiva en solo seis meses para sustituir el plástico, que ya es casi una parte de nuestro imaginario colectivo.

La intención de ésta iniciativa no es mala, al contrario es plausible, pero ¡ojo!, solo la intención es plausible, porque para variar a los legisladores se les olvida que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa son las iniciativas de ley necesarias como ésta y otra son los programas de ejecución eficientes, y por lo visto para los legisladores ese tema no es su fuerte, como quien dice: es harina de otro costal, un costal no biodegradable.