Casitas del Sur o que más da si éste es año electoral

Un ejemplo que refleja la falta de visión a largo plazo, de planeación estratégica, de fortalecimiento de instituciones de corte social, pero sobre todo el desinterés del estado mexicano por impulsar políticas publicas que fortalezcan a los sectores más jóvenes de la población, es el de Casitas del Sur.

Los hechos hablan por sí solos:

Cuando estalla el caso de la niña Ilse Michel desaparecida en el albergue de Casitas del Sur, todos se echan la bolita. El DIF del DF argumenta no tener facultades para revisar los albergues temporales y le echa la culpa al Nacional, el DIF nacional a la Fiscalía de menores de la PGR, estos a su vez culpan a las IAPs y estas últimas revelan tener nexos con sectas religiosas y posiblemente con redes de trata de infantes. En el área jurídica de Indesol confiesan que se les chispoteo ya que no existe ley que regule los albergues infantiles ni órgano que los verifique y después del peloteo ¡ahora sí!, todas las autoridades están listas para colgarse el milagrito pues ya preparan una ley donde propondrán su regulación. ¡Perdido el niño quieren tapar el albergue!

El asunto es muy grave por dos motivos:

En primer lugar queda demostrado que los mecanismos de control y evaluación de los programas sociales en México son prácticamente inexistentes. Las instituciones no tienen manera de detectar los errores durante el ejercicio, mucho menos de aislarlos antes de que pasen a la siguiente etapa, como en una línea de producción. Por lo tanto las políticas públicas no tienen manera de ser evaluadas, corregidas y aumentadas.

Cuando por fin las autoridades se deciden a corregir los errores, es muy tarde porque el mal ha llegado hasta la médula. Por eso, son tan pocos los programas que resisten al paso de los trienios y los sexenios, el resto de ellos es mejor desecharlos e intentar con nuevos, no importa si no vuelven a funcionar, al fin los funcionarios solo estarán en el cargo hasta que sea tiempo de campaña.

El caso más claro es el de Jesús Valencia quien dejó la presidencia del DIF DF hace tres días para contender por una curul en la próxima legislatura, y a él le sumamos al resto de los funcionarios federales y estatales que corrieron presurosos cual pastores a Belén para asegurar su siguiente hueso, dejando inconclusos quién sabe cuantos asuntos más de éste orden de prioridad.

El segundo y más grave motivo, es el daño que le hacemos a nuestra población infantil y juvenil. De nuevo el ejemplo de Casitas del Sur: cuando a las autoridades se les prendió el foco, rescataron a 116 niñas y niños del albergue, los infantes además de presentar cuadros de deshidratación y otros problemas de salud, repetían constantemente frases fatalistas propias de una secta religiosa.

No hemos caído en la cuenta de que los niños y jóvenes en nuestro país en menos de una década serán la mayor parte de la población y hemos hecho muy poco para que tengan el acceso a los servicios básicos, a una educación de calidad, a suficientes oportunidades para lograr un trabajo bien remunerado. Hoy por hoy la mitad de los criminales sentenciados a nivel nacional tienen entre 14 y 29 años de edad y más del 45 por ciento de nuestros migrantes tienen entre 12 y 29 años, las herramientas necesarias para vivir dignamente no se la otorga el estado, ni su familia y mucho menos los funcionarios que como buenos acróbatas intentarán caer de pie en sus nuevos cargos a mediados de año.

Lo más indignante es el silencio de las autoridades responsables, aunque ya no es nuevo que nadie sea responsable, y de eso lo magistrados de nuestro país se han encargado, al convertirlo en jurisprudencia.

A Calderón le recordamos que para fortalecer a todas las familias mexicanas y no solo a la nuclear, hay que persignarse menos y actuar más.