Test para el lector.- De entre todas las notas acontecidas en ésta y en semanas anteriores hay un tema común que afecta sobre manera nuestra vida cotidiana y nosotros ni por enterados. A ver si usted lo identifica:
Consejeros del IFE se dan sueldo millonario*
Magistrado de la Suprema Corte se aumentan el sueldo*
Dan a Senadores armas y clases
Consejeros seden ante Televisoras
Maestros rechazan examen para concursar por plazas
Dejan funcionarios públicos sus cargos para contender por otros
Médicos antiaborto lucran con pacientes a escondidas
Renuevan vehículos al gusto de diputados
Piden diputados préstamos por más de 11 millones de pesos
Diputados piden licencia pero cobran sueldo
¡Le atinó! sin importar el orden, todos los temas anteriores tiene algo en común: la impunidad.
Sin duda se le debería encontrar a la altura de los grandes temas de inseguridad y de crisis, ¿por qué existen tantos foros y planes para combatir la violencia y mejorar la economía y nadie promueve nada contra la impunidad?, es que acaso no nos damos cuenta que buena parte de los problemas del país son consecuencia de ésta.
La impunidad tiene sus efectos sobre dos grupos de personas, pero ¿por qué ninguno de los dos hace nada al respecto?
A los primeros les afecta positivamente. Ellos son la actual clase política y por obvias razones no cambiarán nada, ya que todos los beneficios se quedan en casa.
A los segundos les repercute negativamente. Somos todos nosotros. Desafortunadamente no nos damos cuenta que temas grandes y pequeños nos afectan por igual, el hambre o la falta de trabajo, así como la impunidad nos van restando nuestra capacidad de ser personas plenas y con calidad de vida. Es cierto que no puedes combatir la impunidad nacional si no tienes chamba o el estómago vacío, pero tampoco podrás comer suficientemente bien o tener una chamba bien remunerada si la impunidad sigue a todo lo que da.
Lo cierto es que por algún sitio se tiene que romper el círculo y a menos que nos saquemos la lotería para comer mejor y ser bien remunerados, la mejor manera de romperlo es exigiendo a través de nuestros derechos que quienes gobiernen sean personas verdaderamente comprometidas y honestas. Que el contrato que firman con la sociedad los obligue a dimitir en caso de que no funcionen y que les permita ser reconocidos si es que hacen su labor, pero no que sean los mismos gobernantes quienes decidan si se van o no, sino la ciudadanía que hace escuchar su voz con fuerza.
* Mientras las cosas no sean así debemos ejercer presión, ya ven como los Consejeros y Magistrados dieron marcha atrás a sus aumentos, pero no se retractaron por gusto, sino porque saben que el pasto está seco con cualquier chispita se prende.
viernes, 27 de febrero de 2009
viernes, 20 de febrero de 2009
Casitas del Sur o que más da si éste es año electoral
Un ejemplo que refleja la falta de visión a largo plazo, de planeación estratégica, de fortalecimiento de instituciones de corte social, pero sobre todo el desinterés del estado mexicano por impulsar políticas publicas que fortalezcan a los sectores más jóvenes de la población, es el de Casitas del Sur.
Los hechos hablan por sí solos:
Cuando estalla el caso de la niña Ilse Michel desaparecida en el albergue de Casitas del Sur, todos se echan la bolita. El DIF del DF argumenta no tener facultades para revisar los albergues temporales y le echa la culpa al Nacional, el DIF nacional a la Fiscalía de menores de la PGR, estos a su vez culpan a las IAPs y estas últimas revelan tener nexos con sectas religiosas y posiblemente con redes de trata de infantes. En el área jurídica de Indesol confiesan que se les chispoteo ya que no existe ley que regule los albergues infantiles ni órgano que los verifique y después del peloteo ¡ahora sí!, todas las autoridades están listas para colgarse el milagrito pues ya preparan una ley donde propondrán su regulación. ¡Perdido el niño quieren tapar el albergue!
El asunto es muy grave por dos motivos:
En primer lugar queda demostrado que los mecanismos de control y evaluación de los programas sociales en México son prácticamente inexistentes. Las instituciones no tienen manera de detectar los errores durante el ejercicio, mucho menos de aislarlos antes de que pasen a la siguiente etapa, como en una línea de producción. Por lo tanto las políticas públicas no tienen manera de ser evaluadas, corregidas y aumentadas.
Cuando por fin las autoridades se deciden a corregir los errores, es muy tarde porque el mal ha llegado hasta la médula. Por eso, son tan pocos los programas que resisten al paso de los trienios y los sexenios, el resto de ellos es mejor desecharlos e intentar con nuevos, no importa si no vuelven a funcionar, al fin los funcionarios solo estarán en el cargo hasta que sea tiempo de campaña.
El caso más claro es el de Jesús Valencia quien dejó la presidencia del DIF DF hace tres días para contender por una curul en la próxima legislatura, y a él le sumamos al resto de los funcionarios federales y estatales que corrieron presurosos cual pastores a Belén para asegurar su siguiente hueso, dejando inconclusos quién sabe cuantos asuntos más de éste orden de prioridad.
El segundo y más grave motivo, es el daño que le hacemos a nuestra población infantil y juvenil. De nuevo el ejemplo de Casitas del Sur: cuando a las autoridades se les prendió el foco, rescataron a 116 niñas y niños del albergue, los infantes además de presentar cuadros de deshidratación y otros problemas de salud, repetían constantemente frases fatalistas propias de una secta religiosa.
No hemos caído en la cuenta de que los niños y jóvenes en nuestro país en menos de una década serán la mayor parte de la población y hemos hecho muy poco para que tengan el acceso a los servicios básicos, a una educación de calidad, a suficientes oportunidades para lograr un trabajo bien remunerado. Hoy por hoy la mitad de los criminales sentenciados a nivel nacional tienen entre 14 y 29 años de edad y más del 45 por ciento de nuestros migrantes tienen entre 12 y 29 años, las herramientas necesarias para vivir dignamente no se la otorga el estado, ni su familia y mucho menos los funcionarios que como buenos acróbatas intentarán caer de pie en sus nuevos cargos a mediados de año.
Lo más indignante es el silencio de las autoridades responsables, aunque ya no es nuevo que nadie sea responsable, y de eso lo magistrados de nuestro país se han encargado, al convertirlo en jurisprudencia.
A Calderón le recordamos que para fortalecer a todas las familias mexicanas y no solo a la nuclear, hay que persignarse menos y actuar más.
Los hechos hablan por sí solos:
Cuando estalla el caso de la niña Ilse Michel desaparecida en el albergue de Casitas del Sur, todos se echan la bolita. El DIF del DF argumenta no tener facultades para revisar los albergues temporales y le echa la culpa al Nacional, el DIF nacional a la Fiscalía de menores de la PGR, estos a su vez culpan a las IAPs y estas últimas revelan tener nexos con sectas religiosas y posiblemente con redes de trata de infantes. En el área jurídica de Indesol confiesan que se les chispoteo ya que no existe ley que regule los albergues infantiles ni órgano que los verifique y después del peloteo ¡ahora sí!, todas las autoridades están listas para colgarse el milagrito pues ya preparan una ley donde propondrán su regulación. ¡Perdido el niño quieren tapar el albergue!
El asunto es muy grave por dos motivos:
En primer lugar queda demostrado que los mecanismos de control y evaluación de los programas sociales en México son prácticamente inexistentes. Las instituciones no tienen manera de detectar los errores durante el ejercicio, mucho menos de aislarlos antes de que pasen a la siguiente etapa, como en una línea de producción. Por lo tanto las políticas públicas no tienen manera de ser evaluadas, corregidas y aumentadas.
Cuando por fin las autoridades se deciden a corregir los errores, es muy tarde porque el mal ha llegado hasta la médula. Por eso, son tan pocos los programas que resisten al paso de los trienios y los sexenios, el resto de ellos es mejor desecharlos e intentar con nuevos, no importa si no vuelven a funcionar, al fin los funcionarios solo estarán en el cargo hasta que sea tiempo de campaña.
El caso más claro es el de Jesús Valencia quien dejó la presidencia del DIF DF hace tres días para contender por una curul en la próxima legislatura, y a él le sumamos al resto de los funcionarios federales y estatales que corrieron presurosos cual pastores a Belén para asegurar su siguiente hueso, dejando inconclusos quién sabe cuantos asuntos más de éste orden de prioridad.
El segundo y más grave motivo, es el daño que le hacemos a nuestra población infantil y juvenil. De nuevo el ejemplo de Casitas del Sur: cuando a las autoridades se les prendió el foco, rescataron a 116 niñas y niños del albergue, los infantes además de presentar cuadros de deshidratación y otros problemas de salud, repetían constantemente frases fatalistas propias de una secta religiosa.
No hemos caído en la cuenta de que los niños y jóvenes en nuestro país en menos de una década serán la mayor parte de la población y hemos hecho muy poco para que tengan el acceso a los servicios básicos, a una educación de calidad, a suficientes oportunidades para lograr un trabajo bien remunerado. Hoy por hoy la mitad de los criminales sentenciados a nivel nacional tienen entre 14 y 29 años de edad y más del 45 por ciento de nuestros migrantes tienen entre 12 y 29 años, las herramientas necesarias para vivir dignamente no se la otorga el estado, ni su familia y mucho menos los funcionarios que como buenos acróbatas intentarán caer de pie en sus nuevos cargos a mediados de año.
Lo más indignante es el silencio de las autoridades responsables, aunque ya no es nuevo que nadie sea responsable, y de eso lo magistrados de nuestro país se han encargado, al convertirlo en jurisprudencia.
A Calderón le recordamos que para fortalecer a todas las familias mexicanas y no solo a la nuclear, hay que persignarse menos y actuar más.
viernes, 13 de febrero de 2009
El senil brazo de la ley
Dos hechos y dos errores del sistema de justicia Mexicano
El primer hecho tiene lugar hace unas semanas cuando 4 de los policías que fueron sentenciados por la muerte de 12 personas (11 de ellos jóvenes entre los 13 y los 28 años) en el antro New´s Divine, fueron liberados gracias a que el Juez en turno les reclasificó la pena y les ordenó pagar una fianza. Los acusados solo estuvieron en prisión siete meses.
El segundo hecho tienen lugar esta semana, cuando con artrítico y reumático brazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo patente su ambigüedad para identificar claros agravios a las garantías de la población en Atenco, repitiendo la fórmula aplicada en el caso de la periodista Lydia Cacho. Prácticamente desnudaron y vapulearon a la maltrecha Alegoría de la Justicia, cuando en lo tocante al tema de señalar funcionarios públicos como responsables, los Magistrados lo hicieron con la maestría de quien padece mal de Parkinson.
Ante tal situación concluyeron que las violaciones solo fueron cometidas por los cuerpos policíacos y los mandos inmediatos. Redondearon su actuación al afirmar que la lista de agresores y violadores no puede precisarse debido a que no es posible identificar con certeza a los responsables. ¡Pura llamarada de petate!
Ahora la Suprema Corte de Justicia piensa emitir recomendaciones a las entidades federativas para que no cometan más abusos como los perpetrados en Atenco, yo les recuerdo que ya existen organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos que cuentan con especialitas y criterios técnicos, pero sobre todo con sentido común para emitirlas, y que su función por el contrario, es la de impartir justicia con objetividad y apego a las leyes.
Quienes aplican la justicia en nuestros país, en su afán de proteger y blindar al estado mexicano en tiempos tan duros en donde su eficacia es puesta a prueba, no disciernen entre los verdaderos delincuentes de los que no lo son y solo contribuyen a un deterioro más rápido en la confianza y credibilidad de sus instituciones. Si no, pregúntenle a las familias de aquellos que resultaron violentados en ambos casos.
La responsabilidad de sucesos como estos traspasa a todos los niveles de mando, las acciones ejecutadas por los cuerpos policíacos son solo el reflejo de las políticas públicas y de la idea de cómo debe aplicarse la justicia del gobierno en turno.
En ambos casos los responsables fueron los cuerpos policíacos, en ambos casos las penas condenatorias serán prácticamente reclasificadas y con el cambio de funcionarios y la presión de altos mandos, todos estarán libres en un par de años.
Aquí es donde nos volvemos grises cómplices, donde nuestra memoria de corta duración nos ha enseñado a exigir una justicia inmediata sin sustento, un linchamiento expres, nos ha vuelto un pueblo que crítica con mano dura pero que después ni se acuerda que paso con los delincuentes y muchos menos tendrá tiempo o interés para darles seguimiento.
El primer hecho tiene lugar hace unas semanas cuando 4 de los policías que fueron sentenciados por la muerte de 12 personas (11 de ellos jóvenes entre los 13 y los 28 años) en el antro New´s Divine, fueron liberados gracias a que el Juez en turno les reclasificó la pena y les ordenó pagar una fianza. Los acusados solo estuvieron en prisión siete meses.
El segundo hecho tienen lugar esta semana, cuando con artrítico y reumático brazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo patente su ambigüedad para identificar claros agravios a las garantías de la población en Atenco, repitiendo la fórmula aplicada en el caso de la periodista Lydia Cacho. Prácticamente desnudaron y vapulearon a la maltrecha Alegoría de la Justicia, cuando en lo tocante al tema de señalar funcionarios públicos como responsables, los Magistrados lo hicieron con la maestría de quien padece mal de Parkinson.
Ante tal situación concluyeron que las violaciones solo fueron cometidas por los cuerpos policíacos y los mandos inmediatos. Redondearon su actuación al afirmar que la lista de agresores y violadores no puede precisarse debido a que no es posible identificar con certeza a los responsables. ¡Pura llamarada de petate!
Ahora la Suprema Corte de Justicia piensa emitir recomendaciones a las entidades federativas para que no cometan más abusos como los perpetrados en Atenco, yo les recuerdo que ya existen organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos que cuentan con especialitas y criterios técnicos, pero sobre todo con sentido común para emitirlas, y que su función por el contrario, es la de impartir justicia con objetividad y apego a las leyes.
Quienes aplican la justicia en nuestros país, en su afán de proteger y blindar al estado mexicano en tiempos tan duros en donde su eficacia es puesta a prueba, no disciernen entre los verdaderos delincuentes de los que no lo son y solo contribuyen a un deterioro más rápido en la confianza y credibilidad de sus instituciones. Si no, pregúntenle a las familias de aquellos que resultaron violentados en ambos casos.
La responsabilidad de sucesos como estos traspasa a todos los niveles de mando, las acciones ejecutadas por los cuerpos policíacos son solo el reflejo de las políticas públicas y de la idea de cómo debe aplicarse la justicia del gobierno en turno.
En ambos casos los responsables fueron los cuerpos policíacos, en ambos casos las penas condenatorias serán prácticamente reclasificadas y con el cambio de funcionarios y la presión de altos mandos, todos estarán libres en un par de años.
Aquí es donde nos volvemos grises cómplices, donde nuestra memoria de corta duración nos ha enseñado a exigir una justicia inmediata sin sustento, un linchamiento expres, nos ha vuelto un pueblo que crítica con mano dura pero que después ni se acuerda que paso con los delincuentes y muchos menos tendrá tiempo o interés para darles seguimiento.
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