Garbanzos de a libra

El viernes de la semana pasada sucedieron dos cosas que permiten verificar que todavía en algunas instancias del gobierno mexicano se respetan las libertades individuales y en específico los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que la Ley que criminaliza la interrupción legal del embarazo, misma que penosamente ha sido aprobada en siete estados de la República, hoy fue impulsada por el PRI y pretendía ser aprobada en Quintana Roo, pero en un golpe de sentido común y no sólo de afanes electoreros, fue rechazada y regresada a Comisiones por legisladoras pertenecientes al Partido Verde, Nueva Alianza, y al mismo PRI, que han sido Partidos impulsores de esta ley en los estados antes mencionados.

No todo está dicho, sin embargo un viso importante de que esta Ley carece de apoyo en ese estado, es que entre las mismas legisladoras del PRI existen diferencias importantes que van más allá de un problema de bancada y que centran la discusión en fundamentos jurídicos por encima de preceptos morales que de ser aprobados podrían afectar irreversiblemente al estado que tiene el mayor número de embarazos adolescentes no deseados, además de alarmantes casos de explotación sexual de niñas.

El segundo motivo obedece a que por fin, después de un retraso de cientos de días para su publicación y aún con cambios que la “maquillaron”, fue publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-046 en el Diario Oficial de la Federación, que garantiza a las víctimas de violencia sexual a recibir tratamiento psicológico, jurídico e interrupción legal del embarazo, obligando al Estado a brindar estos servicios, con la penosa mancha que representan las 7 entidades federativas que reformaron su Constitución local omitiendo esta norma.

Si acciones como estas sucedieran con mayor frecuencia dentro del ámbito político de nuestro país, me cae que todos diríamos “Yes, we can”, retomando la Campaña de Obama, el día en que Calderón le dio la bienvenida a México.